Copred hace un llamado a eliminar los estigmas y estereotipos en contra de las personas trabajadoras sexuales

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia a las Trabajadoras Sexuales, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) hace un llamado a generar un cambio cultural que promueva la eliminación de estigmas hacia las y los trabajadores sexuales, y que contribuya a erradicar las violencias y criminalización que enfrentan social e institucionalmente.

Es importante y necesario generar conciencia en torno a la vulnerabilidad de estas poblaciones y a la desigualdad de condiciones para acceder a todos los derechos. Reconocerles y garantizar el ejercicio de éstos es una tarea y responsabilidad conjunta, con base en su dignidad humana.

El 17 de diciembre de cada año se conmemora el Día internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, a partir de los crímenes violentos ocurridos en Seattle entre los años 80 y 90, cuando un asesino serial le quitó la vida a más de 49 trabajadoras sexuales con la supuesta finalidad de “limpiar las calles”. Esta conmemoración nació como un homenaje a las víctimas, pero hoy es también un llamado a eliminar los maltratos, abusos y violencia que viven las personas trabajadoras sexuales al ejercer su trabajo.

En el marco de esta conmemoración, COPRED llama a impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las personas trabajadoras sexuales sin discriminación, y subraya la importancia del reconocimiento legal del trabajo sexual como tal. A partir de estas necesidades, desde el Consejo se impulsan continuamente acciones de acompañamiento y trabajo conjunto con organizaciones, colectivos, activistas y las propias personas trabajadoras sexuales, entre los que destacan las dos Encuestas sobre Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación levantadas por organizaciones de trabajadoras sexuales y el COPRED en 2019 y 2021.

Las personas trabajadoras sexuales –mujeres cis, personas trans y hombres– viven altos niveles de violencia, estigmatización, discriminación y otras violaciones a sus derechos humanos.

Los aspectos socioculturales relacionados con el estigma y la discriminación generan abusos y violencias de género en contra de las personas trabajadoras sexuales, que se acentúan al no haber un reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Sin embargo, ninguna falta de regulación puede justificar estas situaciones.

De acuerdo con la Segunda Encuesta sobre Trabajo Sexual en la Ciudad de México, levantada por el Centro de Atención a las Identidades Trans (CAIT) para el COPRED, el 64% de las personas trabajadoras sexuales encuestadas había vivido algún tipo de violencia, siendo en su mayoría mujeres trans (77% de quienes dijeron sí haber sufrido violencia ejerciendo el trabajo sexual en calle).

De acuerdo con las trabajadoras sexuales que reportaron haber vivido violencia ejerciendo el trabajo sexual, el casi 70% reportó haberla vivido por parte del cliente, el 52% por parte de algún transeúnte, 45% por parte de otras compañeras, 33% por parte de vecinos, 29% de taxistas, 19% por parte de personal de hoteles (los datos no suman 100% pues se reportaron distintos perpetradores).

Respecto de las instituciones que han violentado a las trabajadoras sexuales, se reporta que cerca del 80% han vivido violencia o discriminación por parte de policías, 30% por parte de jueces cívicos, 28% por parte de instituciones de salud, 24% de ministerios públicos (los datos no suman 100% pues se reportaron distintos perpetradores).

De acuerdo con el Informe de Crímenes de Odio de Letra S, en el año 2021, se registraron al menos 78 muertes violentas de personas LGBTI+ en el país por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género. La cifra se mantuvo prácticamente estable en relación con la del año anterior, que fue de 79, lo que significa que en promedio fueron ultimadas al menos 6.5 víctimas LGBTI+ al mes.

De nueva cuenta, las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas, con 55 transfeminicidios, cifra que representó un aumento con respecto a 2020, en el que hubo 43 víctimas. En porcentajes, las mujeres trans pasaron de 54.5 por ciento a representar 70.5 por ciento del total de homicidios LGBT.

En este sentido, preocupa de manera específica la prevalencia de muertes violentas de mujeres trabajadoras sexuales. Acabar con la impunidad de los feminicidios y transfeminicidios persiste como deuda hacia las mujeres y específicamente, hacia las trabajadoras sexuales. La impunidad refuerza la discriminación y permite las violencias.

Derivado de estos datos, el Gobierno de la Ciudad de México de forma interinstitucional y coordinada trabaja en distintas estrategias para garantizar el acceso a derechos de las personas trabajadoras sexuales, entre los que destacan acciones relacionadas con la prevención y atención de la discriminación y violencia, acceso a la justicia, a la educación, al trabajo y a la salud.

En la Ciudad de México, si bien la Constitución Política en su artículo 11 no reconoce de manera textual como un grupo de atención prioritaria a las personas trabajadoras sexuales, sí es clara en mencionar que los grupos allí mencionados no pretenden ser una lista exhaustiva y esta debe ser interpretada de manera interseccional. De tal forma que, al ser las personas trabajadoras sexuales parte de otros grupos de atención prioritaria al tratarse de mujeres, personas parte de la comunidad LGBTTTI, migrantes o en situación de movilidad, personas mayores, personas en situación de pobreza, entre otras, las obligaciones que se desprenden tanto de la Constitución como de la Ley para Prevenir la Discriminación de la Ciudad deben observarse para la garantía de sus derechos y el reconocimiento de las estructuras de desigualdad que les cruzan.

Para contribuir a la eliminación de la discriminación institucional y las violencias, es necesario que el marco legal de la Ciudad de México no solamente no castigue el trabajo sexual, sino que le reconozca como trabajo. Asimismo, persiste la discusión sobre cuál es la mejor vía, la descriminalización o la regulación del trabajo sexual, reflexiones que necesariamente deben ser realizadas por las propias personas que ejercen el trabajo sexual.

En este sentido, este Consejo insta a todas las autoridades locales y federales para prevenir y eliminar la discriminación institucional y las violencias; y reitera su compromiso de acompañar a las personas trabajadoras sexuales para estas reflexiones y hace patente su obligación legal de prevenir y eliminar todo tipo de discriminación hacia ellas y ellos.

Segunda Encuesta sobre Trabajo Sexual en la Ciudad de México: